El ordenamiento territorial es fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier nación. En Perú, la reciente promulgación de la Ley N° 32279 establece el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT), un marco normativo diseñado para mejorar la gestión del territorio, fortalecer la competitividad y garantizar el equilibrio ambiental y social. Esta normativa representa un importante avance en la planificación territorial del país, promoviendo la integración de políticas públicas, la participación ciudadana y un enfoque interdisciplinario para lograr un crecimiento equitativo en todas las regiones.

📎Lee la ley completa: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:960e11fa-fd52-4e91-8d48-6aeac1c071a9

El ordenamiento territorial contribuye a la regulación y promoción de la localización y uso sostenible de los asentamientos humanos, las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico-espacial sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones. Para ello considera criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos. Asimismo, hace posible el desarrollo integral de la persona como garantía para una adecuada calidad de vida.

Principios

Los principios del ordenamiento territorial son la sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio en armonía con las condiciones del ambiente y de seguridad física, a través de un proceso gradual de corto, mediano y largo plazo, enmarcados en una visión de logro nacional.

También se basa en la integralidad, teniendo en cuenta todos los componentes físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y administrativos, con perspectiva de largo plazo.

Otros principios son la complementariedad en todos los niveles territoriales, propiciando la articulación de las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales; la gobernabilidad democrática orientada a armonizar políticas, planes, programas, procesos e instrumentos, integrando mecanismos de participación e información.

Asimismo, la equidad orientada a generar condiciones para asegurar mejor la correlación de la diversidad territorial en los procesos de toma de decisiones, acceso a recursos productivos, financieros y no financieros, de tal forma que se garanticen las oportunidades, bienes y servicios en todo el país; la competitividad orientada a su incremento y a maximizar las potencialidades del territorio.

Un aspecto importante es el respeto a la diversidad cultural, los conocimientos colectivos y las formas de uso y manejo tradicionales del territorio y los recursos naturales, en concordancia con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú.